El Tribunal Constitucional declara que la reforma de la LSOTEX para legalizar Marina Isla de Valdecañas es inconstitucional

El Tribunal Constitucional confirma que la Red Natura 2000 no es urbanizable y da la razón a las organizaciones ecologistas en el contencioso sobre Marina Isla de Valdecañas y declara que la reforma de la Ley del Suelo (LSOTEX) realizada por la Junta de Extremadura para tratar de legalizar el complejo Marina Isla de Valdecañas es inconstitucional. 

Las organizaciones ecologistas entienden que, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas y la pretensión de la Junta de Extremadura de seguir urbanizando espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

Esperan que esta sentencia sirva para dejar de responsabilizarlas de las consecuencias de un desmán urbanístico y ambiental de esta envergadura y cese la intensa campaña de desprestigio que sufren por defender la legalidad urbanística y la red europea de espacios protegidos. 

El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia por la que se estima sustancialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en el marco del procedimiento contencioso administrativo en el que ya se ha declarado la ilegalidad de la urbanización de la isla de Valdecañas. 

Todo este procedimiento proviene de la homologación por parte de la Junta de Extremadura del PIR Marina - Isla de Valdecañas, decisión que fue recurrida tanto por ADENEX como por Ecologistas en Acción. En dicho procedimiento ante el TSJ de Extremadura, las organizaciones ecologistas solicitaron que se plantease una Cuestión de Inconstitucionalidad por la Sala contra dicha reforma legislativa de la LSOTEX. Los argumentos eran claros: se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y además contradecía la legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable (en la actualidad suelo rústico) integrado dentro de la Red Natura 2000. 

Dicha Cuestión de Inconstitucionalidad fue planteada finalmente por el TSJEX y ha sido estimada parcialmente por el Tribunal Constitucional (TC) en la cuestión planteada en dicho procedimiento por parte de ADENEX, por lo que es esperable que ocurra lo mismo con el resto de procedimientos pendientes de resolverse, como el de Ecologistas en Acción.

Las organizaciones ecologistas entienden que, con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas. Al mismo tiempo debilita los argumentos planteados por la Junta de Extremadura respecto a la imposibilidad material, al entender el TC que la urbanización supone la desprotección y destrucción de facto del espacio afectado. 

Las organizaciones ecologistas manifiestan su satisfacción tras más de doce años de procedimiento y tres sentencias favorables e instan a los responsables de este desatino que asuman su responsabilidad aceptando y ayudando a ejecutar las sentencias de restauración del espacio, pues lo paradójico de esta situación es que sean las organizaciones ambientales las que sean objeto de una intensa campaña de desprestigio por defender la legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Extremadura, cuando esta es una responsabilidad de los poderes públicos.

 
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